FSC-CCOO Servicio Exterior

FSC-CCOO Servicio Exterior | 11 julio 2025.

1º de Mayo ante los retos laborales, sociales y geopolíticos

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Respuesta a propuesta ADE: no a la mercantilización de los Servicios Consulares.

Frente al informe de la Asociación de Diplomáticos Españoles, CCOO-Exterior denuncia con firmeza que el Servicio Exterior no puede financiarse a costa de la ciudadanía. El Servicio Exterior no es un privilegio diplomático: es un derecho público y lo vamos a defender.

28/05/2025.

Red consular de España en el exterior.

[Madrid, 28/05/2025] La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) plantea, en su reciente informe sobre la financiación de la red consular, propuestas profundamente regresivas e inaceptables: aumentar tasas consulares o establecer cobros por servicios públicos que hoy son gratuitos. Desde CCOO-Exterior advertimos que este tipo de medidas constituyen una receta neoliberal que hace recaer sobre la población los costes de un servicio público esencial, debilitado por décadas de desidia y abandono institucional.

Es indignante que quienes han gestionado durante años la red exterior (y han contribuido a su deterioro) pretendan ahora hacer pagar a las ciudadanas y ciudadanos por derechos básicos como el acceso a documentación o trámites consulares. Más aún cuando esa misma red ha sido objeto de denuncias reiteradas por parte de esta organización sindical, sin que desde la ADE se haya alzado la voz hasta que la Inspección de Trabajo ordenó el cierre del Consulado en Mendoza por riesgos estructurales para la plantilla y para el público. ¿Dónde estaba su preocupación entonces?

Frente a esta visión elitista, en CCOO-Exterior defendemos con claridad que el Servicio Exterior no puede sostenerse cobrando más a quienes menos tienen, y menos aún en un contexto de precariedad creciente, inflación global y deterioro de los servicios públicos.

Más de tres millones de españolas y españoles viven fuera de nuestras fronteras. Durante la pandemia, fueron los trabajadores y trabajadoras de Embajadas, Consulados, Consejerías y Oficinas Sectoriales en el exterior quienes garantizaron su protección, repatriaciones, asistencia sanitaria y documentación básica. Y lo hicieron en condiciones extremadamente difíciles: con plantillas recortadas, salarios congelados y edificios en ruina.

El problema del Servicio Exterior no es de ingresos consulares: es de voluntad política. Es el Estado quien debe garantizar la financiación suficiente para que el servicio público exterior funcione, con criterios de equidad, dignidad y justicia social. Aumentar tasas no es modernizar: es privatizar. Y lo decimos alto y claro: convertir el deterioro en excusa para cargar sobre la ciudadanía el coste del abandono institucional no es una solución, es una trampa.

Desde CCOO-Exterior exigimos que se destinen partidas presupuestarias específicas, con carácter urgente y estructural, para revertir la situación del Servicio Exterior. Reclamamos asimismo la participación activa de la parte social en cualquier debate relativo a la financiación, el funcionamiento y la estructura de la red consular. No podemos aceptar que se adopten decisiones unilaterales que comprometan derechos fundamentales y profundicen aún más la precariedad de quienes ya se encuentran al límite.

Una red exterior colapsada por el abandono institucional

A tenor de lo anterior, cabe señalar que el deterioro del Servicio Exterior no es nuevo, pero los datos más recientes confirman un proceso de descapitalización alarmante. Mientras la ciudadanía española en el exterior se ha duplicado en los últimos 15 años (pasando de 1,5 a más de 3 millones de personas), las plantillas de las Embajadas y Consulados apenas han crecido un 2 % desde 2009. Es decir: la carga de trabajo se ha disparado mientras los recursos humanos siguen prácticamente estancados.

Esta falta de previsión y voluntad política tiene consecuencias graves. Las principales oficinas consulares del mundo (Londres, La Habana, París, Buenos Aires, México o Caracas) enfrentan un volumen de trabajo cada vez más insostenible, agravado por nuevas obligaciones derivadas de políticas de Estado como la Ley de Memoria Democrática o la emisión de visados, que superaron el 1,3 millón solo en 2023.

En ciudades como La Habana, con un crecimiento del 232 % en personas inscritas en el Registro de Matrícula Consular desde 2009, la plantilla se ha reducido a la mitad. En París o Córdoba (Argentina), con aumentos de hasta el 85 % en población registrada, el número de trabajadores ha descendido. Esto no es solo un problema de carga de trabajo: es una amenaza directa a la calidad del servicio, al bienestar del personal y al derecho de la ciudadanía a ser atendida dignamente.

Esta situación no puede seguir siendo tratada con indiferencia institucional ni puede resolverse, como sugiere la ADE, cobrando más a quienes menos tienen. No se trata de ponerle precio a los derechos, sino de garantizar con financiación pública los servicios que toda sociedad democrática está obligada a prestar.

La defensa de los servicios públicos en el exterior

Desde CCOO defendemos con firmeza el carácter público del Servicio Exterior. No se trata solo de una bandera sindical, sino de una cuestión democrática esencial: los servicios consulares y administrativos en el extranjero son la única garantía que tiene la ciudadanía española residente fuera del país para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

Reclamamos servicios eficaces, accesibles y con vocación de permanencia. Servicios que aseguren el acceso a derechos fundamentales, refuercen los vínculos sociales, culturales, lingüísticos y económicos con España, y acompañen tanto la movilidad como el retorno en condiciones dignas.

Por ello, exigimos:

Recuperar la negociación colectiva real para el personal laboral en el exterior, cumpliendo el Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 sobre clasificación profesional, carrera, promoción, formación y condiciones retributivas.
Aplicar el Acuerdo de 18 de diciembre de 1990, que obliga a revisar los salarios del personal laboral en función de la situación socioeconómica de cada país. No hacerlo supone ignorar de forma deliberada un mecanismo legalmente establecido para garantizar justicia salarial en un entorno tan desigual como el exterior.

Cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, algo tan elemental como escandalosamente incumplido en decenas de centros de trabajo de la Administración en el extranjero, en abierta vulneración de la Ley 31/1995.

Blindar el carácter público de los servicios. No puede plantearse la financiación del Servicio Exterior en términos de negocio o rentabilidad. Apostar por lo público es garantizar derechos, no convertirlos en servicios de pago.

Implementar de forma efectiva el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y todas las políticas de Estado vinculadas al reconocimiento de derechos, como la Ley de Memoria Democrática. Para ello, es imprescindible reforzar la dotación material y de efectivos del Servicio Exterior.

Revertir la descapitalización del Servicio Exterior no es un lujo: es una obligación. No podemos permitir que se siga debilitando un ámbito esencial del Estado bajo pretextos de austeridad o sostenibilidad mal entendida. Rechazamos las recetas neoliberales que proponen trasladar el coste a la ciudadanía. Los derechos no se pagan: se garantizan.

El Servicio Exterior no es un privilegio diplomático: es un derecho público. Lo vamos a defender donde haga falta, incluso si eso implica movilizarnos y alzar la voz en cada rincón del mundo.

Sección Sindical Estatal del Servicio Exterior: